Nuevo paso adelante en su continúa crecimiento de Alternativa Sindical, tras conocerse el acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2024, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adaptación de medidas provisionales, en relación con el expediente de contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia en diversas sedes y centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social. 

Todo ello, después de que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas haya dado la razón al sindicato Alternativa Sindical acordando de esa forma la suspensión de la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato de servicios de Seguridad y Vigilancia en las sedes y centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social.

Así acaba de conocerlo este medio al tener acceso a la resolución de este Tribunal. El recurso del sindicato se basa en la omisión de incrementos salariales en el recurso, presentado por el abogado laboralista Roberto Mangas Moreno en representación del citado sindicato, donde se alega que los cálculos del presupuesto base del contrato sólo contemplan las retribuciones fijadas en las tablas salariales del año 2025, sin tener en cuenta los incrementos pactados para los años posteriores. 

De hecho, para 2026 el convenio colectivo del sector de vigilancia privada establece el aumento salarial aprobado del 3 por ciento, mientras que los costes generales de servicio deberán incrementarse un 4% en base al porcentaje de gastos generales.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados.

En esta línea, el recurso señala que, en los casos de licitación de este tipo de servicios, «los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado y en aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación del servicio».

Concretamente, se estima que los mismos no se ajustan a la legalidad el presupuesto base de licitación, dado que no se ha contemplado en el estudio económico el incremento de costes salariales que, de forma cierta, se va a producir durante la ejecución del contrato teniendo en cuenta que el contrato ordinario tendrá una duración de 12 meses más una prórroga de 48 meses adicionales.

En el comunicado, fuentes de Alternativa Sindical advierten al respecto que «estas omisiones en la previsión de ingresos podrían provocar que las empresas licitaran con gran riesgo de pérdidas a futuro, por lo que finalmente serían los trabajadores los que sufrirían el impago de sus salarios ante la falta solvencia de la empresa que resultara adjudicataria».

Por todo ello, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas ha suspendido la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato de servicios de Seguridad y Vigilancia en diversas sedes y centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social.