La empresa HETECSE y Alternativa Sindical, el sindicato líder en seguridad privada, se han reunido después de que el mencionado sindicato le exigiera una explicación con carácter urgente para conocer los motivos para la falta de pagos de la última nómina que afecta sobre todo al personal adscrito a las delegaciones de Galicia, Castilla León y Madrid.

En la reunión, la empresa HETECSE SA ha explicado que atraviesa una situación de falta de liquidez relacionada con una derivación tributaria y con la retención de pagos y cuentas bancarias que afecta a la empresa, y que impide atender regular y debidamente los compromisos de pago corrientes, entre otros, las nóminas de sus trabajadores, siendo plenamente conscientes de las consecuencias que este impago
tiene para las personas afectadas.

HETECSE SA señala que ha solicitado la declaración de concurso voluntario de acreedores, lo que se comunica a la representación de los trabajadores y a su plantilla a los efectos oportunos, y según manifiestan a los representantes de Alternativa Sindical, seguirá informando de cuantas novedades relevantes sobre la
situación concursal y el abono de las cantidades pendientes, tan pronto como disponga de ella con claridad y sea nombrado el administrador concursal que pueda ordenar el reconocimiento de créditos.

Tras lamentar la situación y los prejuicios que puede provocar entre trabajadores y terceros ofrecen la posibilidad de facilitar más información a los interesados a través de los teléfonos de cada una de sus respectivas delegaciones.

Este medio se ha puesto en contacto por ello con los interesados, teniendo acceso al comunicado de la empresa donde manifiesta su falta de solvencia y entrada en concurso de acreedores voluntario y que le ofrecemos en la imagen al término de esta información.

De la misma forma, este medio ha contactado con Alberto García, portavoz nacional de Alternativa Sindical quien como siempre ha sido muy claro en su balance al respecto indicando que «aun cuando HETECSE SA atraviese una situación de falta de liquidez relacionada con una derivación tributaria y con la retención de pagos y cuentas bancarias que afecta a la empresa, y que impide atender regular y debidamente los compromisos de pago corrientes, entre otros, las nóminas de sus trabajadores, hay que ser también plenamente conscientes de las consecuencias que este impago tiene para los trabajadores afectados».

García añade que «la seguridad privada es un servicio intensivo en mano de obra y su principal activo son sus trabajadores y trabajadoras. En consecuencia, cualquier modelo de contratación que establezca los presupuestos de licitación por debajo de los costes reales del servicio puede terminar repercutiendo directamente sobre las condiciones laborales, la estabilidad del empleo y, en situaciones como la actual, incluso sobre algo tan básico como el derecho a percibir el salario en tiempo y forma».

Por último advierte: «Las Administraciones Públicas deben garantizar unas condiciones de contratación que permitan a las empresas prestar sus servicios adecuadamente y a las plantillas desarrollar su trabajo con derechos y seguridad. La seguridad privada no puede construirse sobre ofertas económicas insuficientes ni sobre el deterioro de las condiciones laborales”.