La Federación Valenciana de Alternativa Sindical ha alzado la voz para denunciar públicamente la intolerable situación de desprotección e inseguridad financiera que sufren los vigilantes de seguridad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA). La empresa adjudicataria del servicio, Alerta y Control, S.A., viene incumpliendo de manera sistemática y reiterada los plazos legales para el abono de los salarios.

​El caso más reciente y flagrante afecta a un trabajador, que tras reincorporarse de una baja por incapacidad temporal el pasado 3 de julio de 2026, se ha encontrado con una situación de total asfixia económica: la nómina de mayo le fue abonada con un retraso injustificable, concretamente con fecha 11 de junio, cobrando el pasado 9 de julio la nómina correspondiente al mes de junio.

​De esta forma, la empresa adjudicataria, Alerta y Control, S.A., acumula retrasos sistemáticos en las nóminas de los trabajadores de seguridad de ahí que desde el mencionado sindicato se exija a la Generalitat Valenciana, como administración contratante, que deje de mirar hacia otro lado y depure responsabilidades ante estos reiterados incumplimientos laborales sufragados con dinero público.

​Una práctica sistemática tolerada con dinero público

​Desde Alternativa Sindical se recalca que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica reiterada por parte de Alerta y Control, S.A., una mercantil que vulnera de forma constante el Estatuto de los Trabajadores (Art. 29.1) y el Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada (Art. 38), incurriendo en una infracción calificada como grave por la LISOS (Art. 7.10).

​Lo más grave de esta situación es que este servicio está financiado directamente con fondos públicos de la administración autonómica como destaca Alberto garcía, portavoz de Alternativa Sindical. «Es inadmisible que una empresa que se beneficia de millonarias adjudicaciones públicas de la Generalitat Valenciana maltrate de esta forma a las plantillas que custodian uno de los complejos públicos más importantes de la Comunitat».

El portavoz apunta de manera directa a la Generalitat Valenciana como cliente, contratista y garante último del servicio exigiendo al gobierno autonómico que asuma su responsabilidad social y legal, algo que entienden desde ek sindicato nos e está haciendo como debieran y corresponde al tratarse de la Generalitat Valenciana.

​Así esperan que desde la Secretaría Autonómica de Cultura se requiera de urgencia a Alerta y Control, S.A. para que acredite el pago inmediato, en tiempo y forma, de los salarios de los trabajadores de la seguridad privada del complejo para que se cumpla la Ley y las condiciones laborales de los trabajadores en tiempo y forma.

​Igualmente desde Alternativa Sindical exigen que se apliquen de forma rigurosa las cláusulas administrativas del contrato público, las cuales prevén sanciones e incluso la resolución del contrato ante incumplimientos laborales graves por parte de las adjudicatarias.

​Desde el sindicato advierten que «no toleraremos que el sustento de las familias de los vigilantes de seguridad sea utilizado como financiación gratuita por parte de la empresa» y advierten que emprenderán todas las acciones legales y sindicales oportunas si la Generalitat Valenciana no toma cartas en el asunto de manera inmediata.