La seguridad privada sigue dando mucho que hablar después de que Alternativa Sindical Canarias haya ganado una demanda pionera para un vigilante de garita en base de Prosegur Cash – Prosegur Servicios de Efectivo España SL en la localidad de Fuerteventura tras conseguir tumbar la famosa dispensa concedida por la Policía a Prosegur Cash.

Hay que recordar que PROSEGUR CASH solicitó en el año 2024 la dispensa de la medida de seguridad personal, de presencia permanente en el centro de control de un vigilante de seguridad armado, en los arcos temporales en los que cesa la actividad en las bases de depósito, así como la gestión de efectivo y la cámara acorazada que se encuentra cerrada y bloqueada. Medida que fue concedida por la Unidad central de seguridad privada dependiente del Ministerio del Interior.

Pues bien, ahora el Juzgado Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria considera, dando la razón a los servicios jurídicos de Alternativa Sindical, que dicha medida supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, resolviendo además «contra la típica estrategia de Prosegur sobre la falta de competencia sobre todos los juicios que se tienen contra ellos», señala el portavoz de Alternativa Sindical a este medio.

Por tanto varapalo en todos los aspectos que sin duda servirá para beneficiar en un futuro a todos los vigilantes afectados por esta resolución. Hay que recordar, para poner en antecedentes sobre el caso, que el servicio pasó de tres vigilantes de seguridad 24h a solo dos vigilantes a 16h causando de esta forma, la perdida de puestos de trabajo a nivel nacional.

De esta forma, la empresa obligaba al trabajador a realizar horas extras, modificando sustancialmente sus condiciones laborales y no respetando así los turnos de tarde su salida a jornada obligando a alargar la jornada, al haberse suprimido el turno de noche, hasta la finalización del trabajo de otro departamento y el cese de la actividad en base.

El tribunal del Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas reconoció esta imposición como una alteración ilegal, ordenando la reposición inmediata a las condiciones previas respetando sus turnos en cuadrante de 7:00 a 15:00 y el horario en conflicto de 15:00 a 23:00 correspondiente.

El vigilante, asignado a garita en base de efectivo, vio alterada su jornada pactada al ser forzado a cubrir horas extras sin su consentimiento expreso, lo que afectó su conciliación familiar y descanso. Esta práctica vulnera el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que regula las modificaciones sustanciales. Por ello, la sentencia obliga a la empresa a cesar en su actitud y reponer los horarios del trabajador en su puesto de trabajo y a realizar su jornada a cómputo.

Esta victoria refuerza sin duda la protección contra abusos en el sector de seguridad privada en Canarias, especialmente en Fuerteventura, donde la escasez de personal fomenta horas extras no voluntarias y que como señala Alberto García, portavoz nacional de Alternativa Sindical, «afortunadamente estas demandas promueven el cumplimiento del convenio colectivo de seguridad. Otros casos similares han resultado en actas de inspección y sanciones graves».

Nuevo varapalo judicial para la multinacional Prosegur…