Nuevo paso al frente de Alternativa Sindical, en su lucha constante por las mejores condiciones laborales de los vigilantes de seguridad, aunque para ello deba enfrentarse a sindicatos acomodados y que buscan otros intereses que no son los de los trabajadores del sector de la seguridad.

La última victoria en los Juzgados, ha sido después de que la Audiencia Provincial de Vigo haya archivado definitivamente la querella de un dirigente de CIG, Confederación Intersindical Gallega, interpuesta contra el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada. Todo ello, por presuntamente haber sido objeto de insultos una vez firmado el último convenio de seguridad privada.

Hay que recordar que Alternativa Sindical ha sido siempre muy crítico con organizaciones como UGT, CCOO, USO y CIG, sindicatos firmantes en los últimos años de los convenios del sector de la seguridad privada , considerando que entre todos han conllevado a la pérdida de más de un 40% de poder adquisitivo respecto de los últimos 30 años, junto a importantes y diversos perjuicios laborales y sociales en el sector.

La causa reverenciada del Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo de fecha 21 de febrero de 2025 y tras decretarse el sobreseimiento provisional de la causa, tuvo por parte del dirigente del dirigente del sindicato CIG recurso de apelación que fue admitido, para tras reunir a ambas partes y estudiar el caso nuevamente quedar archivada definitivamente.

La Audiencia Provincial de Vigo se ha pronunciado tajantemente al respecto reconociendo que «nos encontramos en un ámbito, el sindical, en el que existe una lógica disputa entre las distintas
organizaciones y sus representantes por defender su posición en la defensa de los trabajadores. Por ello concurre no sólo el derecho, sino la obligación de informar a los trabajadores a los que representan de cuantas acciones u omisiones puedan ser relevantes para la defensa de esos derechos».

Y añade en su exposición: «En consecuencia, hay que considerar que la crítica que se habría vertido sobre la labor sindical del denunciante incide en esa vertiente y por tanto en el ejercicio del derecho de opinión. En el presente caso, a la hora de comparar el derecho al honor del denunciante, en ejercicio de su labor sindical y su sometimiento a la crítica, dentro del fragor de la lucha legítima entre diversas organizaciones sindicales, no se puede considerar que las afirmaciones del panfleto objeto de litis, en que se refería que iban a interponer una querella contra él por haber vertido injurias contra Alternativa Sindical al tratar de desacreditar la labor de sus delegados y compañeros, calificándolo de ‘golfo’, no puede considerarse que posean la suficiente relevancia penal»

Y prosigue: «Porque en este orden exige una mayor gravedad e intensidad de las expresiones que pueden considerarse vejatorias o infamantes, máxime desde que se suprimió incluso la penalización de las injurias leves, lo que puede llevar a plantear la cuestión ante la jurisdicción civil. Por ello, tales consideraciones hacen ya irrelevante examinar si la autoría procede de la Ejecutiva Nacional de ese sindicato, como se menciona en el propio panfleto, o averiguar la identidad de las personas de dicha Ejecutiva que pudieron haber participado en su redacción, o si los aquí querellados habrían participado de algún modo en su distribución”.

Una vez conocida que la causa ha sido archivada, este medio ha contactado con el portavoz de Alternativa Sindical que reconoce que «el dirigente de CIG, al igual que otros de UGT, han querido llevar a los Tribunales a Alternativa Sindical, y siempre con el mismo resultado: perder tiempo y dinero y dar un trabajo absurdo a la Administración, intentando amedrentar nuestra libertad de expresión».

Y sentencia con rotundidad: «Que se olviden de ello porque no lo van a conseguir, porque cuando se trabaja como lo hacemos en Alternativa Sindical, con total libertad y transparencia, llamando las cosas por su nombre y contando las cosas como son, poco reproche judicial pueden tener».